LA AGENCIA SE COCINA DESDE JULIO

Un proceso judicial de la Confederación Argentina de Deportes contra funcionarios y dirigentes aporta pruebas de que el armado del DNU que firmó Mauricio Macri para degradar a la Secretaría de Deporte está en marcha desde hace seis meses y fueron partícipes del mismo Carlos Javier Mac Allister, Diógenes de Urquiza, Gerardo Werthein y Fernando Marín, una normativa planificada para que el deporte sea un negocio para pocos.

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Werthein y Mac Allister operaron la preparación de la nueva legislación, con el aval de Macri.

El pasado miércoles 23, Diógenes de Urquiza y Anchorena –entonces a cargo de la Secretaría de Deporte de la Nación (SDN)– les anunció a algunos presidentes de federaciones deportivas nacionales y a empleados del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), que el presidente de la Nación Mauricio Macri –su amigo de la juventud– le había adelantado que firmaría “entre el lunes o el martes próximo”, el decreto de degradación de la SDN para convertirla en la Agencia del Deporte Nacional (ADN), poniéndola en la posición más baja del organigrama del Estado desde que la cartera fuera creada en 1967 como Dirección Nacional del Deporte, por decreto del gobierno de facto encabezado por el general Juan Carlos Onganía. En una medida pocas veces vista en su gestión, Macri cumplió en tiempo y forma con lo prometido, y en la tarde del martes 29 firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 92/2019 que fue incluido en el Boletín Oficial del día siguiente.

El DNU creó una entidad mixta que inicialmente mantiene la infraestructura de la SDN y recibe del Estado las partidas presupuestarias establecidas para el ejercicio 2019 (981 millones de pesos), pero al conformarse jurídicamente como una entidad mixta, técnicamente queda habilitada para establecer contratos privados y generar recursos a partir del alquiler o ventas de bienes y espacios deportivos, arancelamiento de actividades y todo tipo de acuerdo comercial; es decir, una virtual privatización del deporte estatal. Además deja en el buen entender del director ejecutivo De Urquiza –quien mantiene la jerarquía de secretario de Estado y un sueldo base de $210.000– la posibilidad de tercerización de los más de 500 puestos de trabajo directamente vinculados a la ADN, así como impone un enorme signo de interrogación sobre las más de 800 hectáreas sobre las que tiene control la ADN, diseminadas entre el Cenard, la Pista Nacional de Remo en Tigre, los dos Centros de Deportes en la Naturaleza de Ezeiza, el estadio nacional de béisbol lindero con el campo de la AFA, a metros del aeropuerto Ministro Pistarini, y el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo en Esteban Echeverría.

El ambiente del deporte ya estaba avisado de lo que se vendría, a partir de las publicaciones generadas desde un par de semanas antes por EPHECTOsport, que había tenido acceso al expediente del proyecto de decreto en el que el equipo legal de Cambiemos le había dictado a De Urquiza –con sólo dos meses de gestión efectiva como secretario tras ingresar a comienzos de diciembre como reemplazante de Carlos Javier Mac Allister– los lineamientos del DNU. Aquel documento había pasado por la consultoría de tres oficinas gubernamentales y fue suscripto con similar extrañeza por Néstor Scarlatta (director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal y Administrativa de la Secretaría de Presidencia de la Nación) y Analía Sánchez Zolezzi (subdirectora de la Oficina Nacional de Presupuesto), preguntándose la razón de la necesidad y urgencia para cambiar una estructura en funciones con un presupuesto acordado y dejando en la conciencia del presidente Macri las razones del apuro, sólo cinco semanas antes del inicio de las sesiones legislativas (ver link). Ajeno a esa secuencia lectora, había un funcionario público que conocía este plan a la perfección desde seis meses meses.

Rodolfo Canicoba Corral, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 6, tiene abierto un expediente para decidir si da a lugar o no a la acusación en el expediente caratulado “MAC ALLISTER, CARLOS JAVIER Y OTRO s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DEBERES FUNCIONARIOS PÚBLICOS (ART. 248), COHECHO, INFRACCIÓN (ART. 256 BIS – 1º PÁRRAFO) y ENCUBRIMIENTO (ART. 277) por encubrimiento de su director nacional de Deporte Federado (José García Maañón) y 14 dirigentes deportivos –seis de ellos integrantes del Comité Olímpico Argentino (COA) – por administración infiel cuando desempeñaron funciones en la Confederación Argentina de Deportes (CAD) hasta 2013. Dicha denuncia fue ampliada recientemente a más funcionarios nacionales de alto rango y rozan al presidente de la Nación. Las abrumadoras pruebas permitirían comprobar un plan perfectamente orquestado para destruir la CAD, crear una estructura dirigencial asociada al COA que sustente la creación de la ADN, imponer el DNU y privatizar el deporte en Argentina.

Una de las pruebas documentales presentadas por Rodolfo Paverini –actual presidente de CAD- en la causa son una serie de grabaciones tomadas por un dirigente deportivo en charlas con el presidente de su confederación, en la que éste le anticipa lo que se vendrá. “Mario (Moccia, secretario general del COA y mano derecha de Gerardo Werthein, el presidente de la entidad) está con Diógenes de Urquiza, futuro secretario de Deportes de la Nación. Y yo estoy participando de la reforma de la ley aprobada en noviembre de 2015 (en referencia a la 27.202, nunca puesta formalmente en funciones); yo me hago el boludo, pero la estoy estudiando a las dos de la mañana a la ley. Se le está poniendo que se haga una Agencia…”. En otro párrafo manifiesta “yo hoy escuché frases de Garcia Maañon, violentas, porque le pegó a Paverini”. Consultado por EPHECTOsport, el dirigente de esta entidad que da sus primeros pasos en el deporte olímpico, aseguró “no recordar” aquellas conversaciones, pero dejó una afirmación clave: “Lo que yo sabía, lo sabía todo el mundo del deporte. Lo había comentado Mac Allister, que se estaba trabajando en una ley para el deporte”, fue su explicación sobre esa grabación realizada en julio, medio año antes de la firma del DNU, lo que destrozaría dicha necesidad y urgencia en la que se basó Macri para firmar el DNU. Aquellas charlas informales realizadas en el pasado otoño para delinear la futura conformación legal del deporte fueron corroboradas a EPHECTOsport por otros dos presidentes de federaciones nacionales, quienes vincularon inicialmente a Mac Allister como propulsor del proyecto y a Fernando Marín –el consejero de De Urquiza y Macri en temas deportivos, quien liquidó en enero de 2017 el programa Fútbol para Todos– como el gestor desde las sombras.

Paverini expresó que “desde hace tiempo, en silencio, defendemos las leyes del deporte argentino violadas sistemáticamente por el gobierno nacional. Por ello, sufrimos constantes arremetidas desde el Poder, para disciplinarnos y obligarnos a desandar el camino emprendido. Armaron una estructura paralela a CAD, luego nos amenazaron con la IGJ y como no obtuvieron resultados nos quitan como autoridad superior del deporte por DNU. De existir esta confirmación de Mac Allister, estaríamos en condiciones de comprobar todo lo denunciado”.

La aparición de este DNU generó una notable división entre los deportistas. Hubo quienes, como Facundo Callioni (miembro de Los Leones, campeones olímpicos en Río 2016), el handbolista Federico Pizarro, la tenista Paula Ormaechea, el lanzador Germán Lauro, el armador Luciano De Cecco y una gloria del vóley como Marcos Milinkovic, entre otros, hicieron una encendidad defensa del deporte público y la supervivencia del Cenard. Otros, como la Leona Noel Barrionuevo y el ex Puma Horacio Agulla, hicieron copy & paste de un mensaje surgido desde el entorno de Gerardo Werthein, celebrando “La creación de la Agencia es positiva para el deporte y un salto de calidad para los deportistas. ¡Ahora va a ser más rápido el cobro de becas y subsidios y, por primera vez, las provincias van a poder participar de estas decisiones!”. La postura del presidente del COA, pidiéndole en la intimidad a deportistas destacados que apoyaran a la ADN, no parece condecirse con quien, hasta hace dos años, hizo una fuerte campaña para que Deportes alcanzara el rango de ministerio. Tal vez tenga que ver con su actualidad, como líder de la empresa familiar (Grupo W) que pagó 151 millones de dólares por una fracción de una hectárea y media de los terrenos que hoy ocupa el Tiro Federal Argentino para realizar viviendas de lujo.

Los puntos más oscuros del DNU

El 48º DNU firmado por Mauricio Macri en sus 38 meses de gestión establece (y también dice con lo que no está escrito) una serie de medidas que implican un retroceso en todo el deporte nacional, no sólo para el alto rendimiento (ver link). La disposición que más daño puede hacerle a la ciudadanía –entendiendo al deporte como una de las herramientas fundamentales para garantizar una buena salud general, además de ser un instrumento de inclusión y ascenso social– está en el artículo 4º, en el que se fijan cuáles serán los recursos operativos de la Agencia de Deporte Nacional (ADN). En el parágrafo VI afirma que lo serán “los aranceles y tasas que perciba como retribución por servicios adicionales que preste (la ADN)”. Esto abre las puertas a una virtual privatización de todas las actividades que brinde la Agencia: escuelas de iniciación deportiva, realización de torneos en todos los niveles, utilización de espacios deportivos públicos y cobro de entradas a cualquier espectáculo deportivo, entre otras actividades que tenían una gratuidad garantizada por el Estado.

Unos renglones antes, en el parágrafo IV, se deja servida la eventual comercialización de todos los bienes inmuebles que dispone la ADN. Manifiesta que se podrá disponer de “recursos obtenidos por la celebración por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), de contratos onerosos de concesión, permiso de uso, locación, derechos publicitarios y comercialización de espacios publicitarios de los bienes bajo su jurisdicción o custodia”. Al no existir una cláusula taxativa en el decreto que explicite que los inmuebles de la ADN no son enajenables, la AABE –gracias a otro DNU de Macri, el 27/2018– puede asignar y transferir propiedades del Estado, lo que la habilita las operaciones inmobiliarias.

Otro cambio que va en contra de la democratización de las entidades está en el artículo 8°, que amplía los tiempos de gestión para presidentes de clubes y federaciones. Si hasta aquí podían ejercer un mandato de cuatro años y tener una sola reelección inmediata y consecutiva, el DNU permite que haya re-re, por lo que un presidente puede extender su gestión por 12 años. Uno de los beneficiados puede ser Daniel Angelici, que ya lleva ocho años al mando en Boca, que primero debe superar la asamblea interna para modificar el estatuto, aunque sabe que tiene el visto bueno de la IGJ, dirigida por su amigo Daniel Brodksy..

Una sugestiva omisión en el texto aparece en el artículo 6º, que sustituye el artículo 20 de la Ley 20.655 y modificatorias. Se mantuvo al Comité Olímpico (COA) y al Comité Paralímpico (Copar) como asociaciones civiles deportivas superiores de la Argentina, pero se eliminó a la Confederación Argentina de Deportes (CAD), la entidad madre del deporte nacional fundada en 1921. Borrar del mapa a la CAD no parece casual, ya que se trata de la única entidad con peso de decisión que se mostró crítica de las decisiones del gobierno central en cuanto la política del sector.

Tampoco se menciona en ninguna parte del texto el destino de la Asignación Universal por Hijo Deportista, un beneficio para casi cuatro millones de niños y adolescentes que debía haberse reglado y puesto en práctica reglamentando la Ley 27.202 (aprobada en noviembre de 2015, en los últimos días del mandato de Cristina Fernández de Kirchner y sistemáticamente olvidada por la gestión Macri), lo que genera una deuda social acumulada de más de $ 84.000.000.000.

Otro olvido notable por tratarse de una entidad mixta, con participación y presupuesto del Estado, es que no se establece cuál será el organismo de control de gestión, como sí quedó especificado en la Ley 26.573 de creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo que sería la Auditoría General de la Nación. Entre las más de 4200 palabras del escrito, no aparece auditoría, clave para quienes pretenden administrar de manera transparente.

ERNESTO RODRÍGUEZ III
@EPHECTO

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