JUICIO AL DEPORTE

¿Cuál es la razón por la que Carlos Javier Mac Allister (Secretario de Deporte de la Nación), José García Maañón (Subsecretario) y seis miembros del Comité Olímpico Argentino están bajo la investigación de un juez federal y un juez en el fuero criminal y correccional, mientras dos entidades se arrogan la representación federativa nacional? Una novela que puede hacer explotar las instituciones deportivas de nuestro país.

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Mac Allister (izquierda) y García Maañón (derecha), implicados en el caso CAD-Condepa por encubrimiento agravado, tráfico de influencia e incumplimiento de los deberes.

La Confederación Argentina de Deportes (CAD) es, desde 1921, la entidad madre del deporte nacional. Nacida por decisión de los dirigentes de los clubes de clase trabajadora, en sus nueve décadas de vida debió soportar dos intentos de eliminación por parte de autoridades del Comité Olímpico Argentino (COA): en 1956, a manos del interventor militar Fernando Huergo, y luego en 1982, en plena Dictadura, cuando ocho federaciones (siete de ellas de deportes no olímpicos) lograron frenar el cambio estatutario que impulsaba el secretario de la entidad, Miguel Ángel Bruno, puesto como interventor por el presidente del COA, el coronel Antonio Rodríguez. Ahora, en plena democracia, los fantasmas de una nueva intervención la sobrevuelan mientras un grupo de dirigentes escindidos intentan vaciarla de poder para tapar una maniobra investigada que la habría perjudicado con una deuda millonaria en pesos.

La crisis de la CAD comenzó en abril de 2014 cuando la convalidación de un nuevo padrón por parte de la comisión saliente, que elevó el número de entidades reconocidas, generó una ruptura entre quienes consideraban que las nuevas asociadas no eran de deportes representativos y que carecían de legitimidad, mientras que la mayoría debían cuotas que se remontaban a 2010 (ver link).

Las elecciones en la CAD se realizaron el miércoles 12 de abril y fue electo presidente Rodolfo Paverini quien lideraba la única lista que se presentó con apoyo de deportes como lacrosse, kabaddi o faustball, cuestionados en su momento por los “tradicionales”, pero que tienen una estructura federativa y que en los siguientes meses organizaron torneos internos y participaron de mundiales oficiales con el respaldo de CAD. El tucumano (vicepresidente segundo en la gestión saliente) inició su mandato de cuatro años mientras que un día antes, en el Cristal Palace Hotel, la mayoría de los deportes “olímpicos” presentaron una nueva entidad que reclamaba para sí la representatividad del deporte federado nacional: La Confederación del Deporte Argentino (Condepa), bajo la presidencia de Juan Antonio Gutiérrez, presidente de la Federación Argentina de Vóley (FeVA). Dicha entidad tenía un apoyo explícito desde el poder político no sólo porque la asamblea fue presidida por José María García Maañón (entonces Director Nacional de Deportes Federados en la Secretaría de Deportes de la Nación y actual Subsecretario) sino porque contó con el explícito apoyo de Carlos Javier Mac Allister (Secretario de Deporte de la Nación) (ver link), quien obvió las leyes nacionales vigentes y le dio, en la práctica, reconocimiento superior a la nueva entidad, tanto que la invitaría en octubre al Congreso Nacional de Autoridades del Deporte, realizado en Chapadmalal, obviando a la CAD (ver link).

La gestión de Paverini ordenó la constitución de un Consejo de Disciplina en la CAD para llevar adelante una serie de investigaciones internas para analizar la actuación de varios de los dirigentes que habían dejado CAD y se unieron a Condepa. Así salieron a la luz dos causas: una por administración infiel del Consejo Directivo que regía la CAD en 2010-2013, que está siendo tratada por la Justicia, y otra por falsificación de membresía de afiliación a CAD, a partir del testimonio de José Refosco (titular de la Federación Argentina de Tiro al Vuelo, Fatav), quien reclamó a CAD por usurpación de identidad de la Federación de Tiro, Caza y Pesca (Fetcap), una entidad con base en Córdoba que se arrogaba las funciones de una entidad nacional que había sido reconocida como miembro adherente. Refosco llevó su caso a la Justicia y se demostró que la pretendida aprobación por parte de CAD de esta nueva entidad en una reunión de comisión directiva, en septiembre de 2016, fue simplemente la generación de un documento sin valor jurídico firmado por tres de los miembros de la comisión directiva que, además de estar en Condepa, son consejeros del COA. Dicho sumario interno de CAD con declaraciones de empleados administrativos habría revelado que la gestión de Fetcap tuvo el aval de Mac Allister y García Maañón, a través de los directivos apuntados de CAD . La paradoja es que Fetcap, observada por la Justicia, fue una de las 50 entidades fundadoras de Condepa y hasta bautizó con el nombre de la nueva entidad una copa en el “torneo nacional” celebrado en septiembre último en Sastre, Santa Fe. Este reconocimiento a Fetcap van en contra de las Resoluciones 154 (ver link) y 155 (ver link), establecidas en 1996 y aún en vigencia, que tienen que ver con la personería deportiva y la organización federativa nacional. Las irregularidades son tales que Fatav inició sendas acciones civiles (en el Juzgado 110 a cargo del juez Juan Manuel Converset), mientras que la Fiscalía 4 en lo Criminal y Correccional (a cargo de Carlos Stornelli) investiga las responsabilidades de las autoridades nacionales sobre el tema.

La indagación de los registros de las anteriores gestiones de CAD permitió encontrar un turbio negocio inmobiliario que dejó sin sede a la entidad y que, según Paverini, fue una de las muchas razones que motivaron la ruptura de una parte de la dirigencia y la conformación de Condepa. “Si se revisa la asamblea fundacional de Condepa, fue presidida por García Maañón, Limardo y Ventura. A éstos se les sumó Fonollosa, íntimamente ligado a Mario Moccia (Secretario General del COA); Limardo quedó como secretario general. A esta movida la acompañó el Estado porque José García Maañón –en su momento parte de la comisión directiva de CAD y actual Subsecretario de Deporte de Nación– fue garante del respaldo de Carlos Javier Mac Allister, secretario de Deportes de la Nación, por lo que a ambos los consideramos partícipes necesarios en una asociación ilícita para ocultar esta defraudación”. Como explicó a EPHECTOsport un dirigente de federación con un medallista olímpico en este siglo que es crítico testigo de los acontecimientos: “La participación de García Maañón es fundamental para ‘convencer’ a varias federaciones para sumarse a Condepa, porque su labor en la Secretaría de Deporte de la Nación es gestionar los recursos presupuestarios federativos. Entonces, muchos lo siguen por conveniencia”.

¿Cómo fue la transacción inmobiliaria objetada? El petit hotel ubicado en Juncal 1662 fue sede compartida del Comité Olímpico Argentino (COA) y la Confederación Argentina de Deportes (CAD) durante más de 40 años. El 25 de agosto de 2010 se realizó una partición de bienes y la directiva encabezada por Gerardo Werthein decidió abonar 249.314 dólares para quedarse con el 50% de la propiedad que le pertenecía a a la CAD, presidida entonces por Carlos Speroni, tras considerar que el inmueble (ubicado en la parcela 11 de la manzana 19 de la sección 7 de CABA) tenía un valor de 500.000 dólares. Consultas realizadas por EPHECTOsports a dos martilleros situaron que el valor de mercado del caserón de tres plantas y un sótano ubicado sobre un terreno de 345 metros cuadrados en plena Recoleta es, de al menos, diez veces más que lo valuado al hacerse el reparto.

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El petit hotel del COA en plena Recoleta. CAD recibió sólo u$s 250.000 por el 50% del inmueble.

Una parte de la escasa retribución recibida (80.000 dólares) se invirtió para pagar deudas y con los 170.000 dólares se aceptó, por asamblea, comprar un inmueble de 170 metros cuadrados en la avenida Triunvirato 5720 (Villa Urquiza) para que fuera la nueva sede de CAD. Pero al conocerse la situación legal de la propiedad (deudas impositivas, juicios y otros inconvenientes), el 14 de enero de 2011, se armó una reunión de la comisión directiva para autorizar la adquisición de otro inmueble, ubicado en Boulevard Lacroze 471 (actual 5327) en Villa Ballester por el que se pagó 170.000 dólares. Según Paverini, “La comisión directiva actuante en ese momento (que tuvo mandato hasta 2013 no dejó escriturada la operación ya que existían deudas hipotecarias por 85.000 dólares. Cuando Víctor Santa María asumió en junio del 2013 (Paverini era Vicepresidente segundo), al cierre del balance se pidió la documental respectiva. Presentaron un boleto de compra sin fecha cierta que condicionó el ejercicio económico. Posteriormente, aportaron un boleto con ‘fecha cierta’ mayo de 2014, pero con un agravante ya que el escribano certificaba que los firmantes ocupaban cargos en los que ya no estaban. Ante esta irregularidad se pidió una resolución al respecto y, al no hacerlo, se convocó a Asamblea y se decidió en la misma que se vendiera el porcentual del inmueble adquirido por las irregularidades manifiestas. Producido esto, Santa María tomó licencia en junio de 2016 y asumió Alberto Fonollosa (Vicepresidente primero de CAD y Presidente de la entidad que había vendido la propiedad), acompañado con Sabbatini como Secretario y Limardo como Prosecretario, por lo que toda la investigación se congeló. Tras el proceso electoral de abril de 2017 se retomó lo resuelto por la asamblea de 2016 y se avanzó hacia la judicialización del caso”. Uno de los integrantes de la comisión directiva en funciones en 2010, con reserva de identidad, explicó que “la venta se hizo con la valuación de tres inmobiliarias de prestigio de la zona y la autorización del Ministerio de Desarrollo Social. El importe se utilizó para pagar las deudas que tenía la CAD con diferentes acreedores y el saldo se compró una parte de una propiedad en Triunvirato. Como esa propiedad luego fue usurpada, se cambio con los propietarios por el 40% de una propiedad en Villa Ballester. En todos los casos las acciones fueron a través de la aprobación de asamblea que fueron ratificados por la gestión de Víctor Santa María cuando se hizo cargo. Condepa se crea ante la fraudulenta asamblea que pergeña Paverini con instituciones truchas. La CAD hoy es un fraude y todas las entidades serias del deporte integran Condepa, tanto las federaciones nacionales como las confederaciones provinciales”.

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El inmueble que CAD compró en Villa Ballester por u$s 170.000, sin usufructo hasta 2021.

El sumario que presentó el Consejo de Disciplina de CAD confirmó que la compra del inmueble no fue total ya que CAD adquirió sólo el 40% en fideicomiso; el 60% restante le pertenece al Grupo Crux, una sociedad mutual en la que tienen actuación Alberto Fonollosa, Raúl Sabbatini y Héctor Limardo, miembros de la comisión directiva de CAD en 2010, por lo que son beneficiarios directos de la operación. Asimismo, el Consejo de Disciplina detectó que sobre este inmueble pesa un comodato por diez años, por lo que CAD no puede usufructuarlo hasta 2021.

La asamblea de CAD celebrada el 29 de junio último, aprobó los impulsados por el
Consejo de Disciplina, tras casi un año de investigación. El primero suspendió por cinco años a Fonollosa, Sabbatini y Limardo para desempeñar cargos a partir de las irregularidades en el reconocimiento de la entidad Fetcap. El segundo inhabilitó por idéntico lapso a Speroni, Sabbatini, Limardo, García Maañón, Jorge Daniel Renosto, Víctor Sergio Groupierre, Gabriel Salvia, Horacio Monteira, Diego Gusmán, Juan Carlos Trigo, Oscar Ortiz, Carlos Alberto Marino, Juan Carlos Pena y Hernán Casamiquela por considerar a esa comisión directiva actuante entre 2010 y 2013 partícipe de “administración infiel por la enajenación del condominio de Juncal 1662 y posterior inversión de lo percibido por dicho acto inmobiliario”. Lo llamativo de la lista es que los seis primeros son, además integrantes del COA, y siete de ellos, fundadores de Condepa. Las actuaciones sumariales fueron elevadas a sede judicial y la causa recayó en el Juzgado Nacional Correccional y Criminal 14, a cargo de Ricardo Farías. De manera paralela, ante el avance del estado nacional sobre la CAD, se inició una gestión similar en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 6, que lleva adelante Rodolfo Canicoba Corral, acusando a Mac Allister y García Maañón de “encubrimiento agravado, tráfico de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Con respecto a la denominación de Condepa, CAD hizo un reclamo ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por usurpación de denominación, hecho que fue reconocido por IGJ y obligó a que se debiera cambiar a Confederación Federal de Deportes de Argentina, tal como que fue presentado en la primera Jornada Nacional de Deporte Federal. Con respecto a sus alcances institucionales, la IGJ
le dejó sentado a Condepa que no podría ocupar el rol de autoridad superior del deporte, sitio que legalmente ocupa CAD. Con estas limitaciones fue presentada Condepa el pasado viernes 3 de agosto en el céntrico Hotel Pestana, evento en el que estuvieron anunciados como expositores Mac Allister, Werthein y el senador Julio Catalán Magni, aunque fallaron a la cita.

En el interín, también algo trocó dentro de la IGJ ya que las actuaciones administrativas pasaron a manos de Susana Junqueira, Directora de Asociaciones Civiles, quien aceptó el cambio de denominación sin modificar la sigla de Condepa por lo que CAD sustancia una causa judicial en la Cámara de Apelación Civil sala F por ese tema.

Paverini sumó otro reclamo en sede penal hacia el aval que tuvo IGJ hacia el reclamo de entidades como la Confederación argentina de Patín, que mantiene deudas de afiliación en CAD desde 2014, para que se investigue a las actuales autoridades. Paverini cree entender que es una estrategia de destrucción de CAD: “Lo que han hecho es enviarnos un requerimiento para investigarnos de oficio, sustituyendo la IGJ al denunciante. Lo grave es que la IGJ es el Estado nacional quien lo está haciendo, en una clara intimidación. Desde la IGJ están buscando cualquier falla administrativa para declarar nula la asamblea de abril y establecer una intervención. Así cubrirían las irregularidades del Consejo Directivo 2010/13, dejarían sin efecto los juicios contra el Estado Nacional por incumplimiento de la aplicación de la Ley del Deporte y propiciarían la disolución de una entidad que tiene casi un siglo de vida defendiendo los intereses del deporte nacional”.

De desaparecer la CAD, el poder ejecutivo tendría vía libre para cumplir su sueño: la modificación del artículo 19 y 19 bis de la Ley del Deporte (ver link), una normativa que nunca puso completamente en funciones, para introducir de alguna manera a las Sociedades Anónimas Deportivas en la legislación nacional, algo que ya estuvieron negociando la semana última en Casa Rosada, Mac Allister con su jefe, Fernando De Andreis, Fernando Marín -el hombre de confianza de Mauricio Macri para los temas deportivos- y Daniel Angelici -jefe político de Sergio Brodsky (Inspector General de Justicia) y el operador judicial por excelencia de Macri-.

No es el único objetivo político de esta avanzada del macrismo sobre CAD, ya que pretende acallar el reclamo de la entidad por el no pago de la Asignación Universal por Hijo en el Deporte que impuso la Ley 27.201 (ver link), una “omisión” por la que el Estado ha omitido retribuciones a padres de niños de 6 a 16 años federados en el deporte, por más de $ 35.000 millones.

ERNESTO RODRÍGUEZ III
@EPHECTO

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